Impacto de las retenciones en la nueva campaña agrícola
El objetivo fue cuantificar y visibilizar el impacto económico que los derechos de exportación generan sobre los productores agrícolas de la provincia de Entre Ríos.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ha elaborado el presente informe, que tiene por objetivo cuantificar y visibilizar el impacto económico que los derechos de exportación generan sobre los productores agrícolas de la provincia de Entre Ríos.
Los derechos de exportación constituyen una herramienta fiscal que ha sido aplicada de manera sistemática en Argentina, la cual genera efectos distorsivos sobre la producción primaria, donde los márgenes productivos son más ajustados.
Si se considera la producción entrerriana de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, cultivos gravados con derechos de exportación, cuyo costo es trasladado por los exportadores al precio que reciben los productores en el mercado interno, se observa lo siguiente:
Durante la campaña 2024/25, los productores agrícolas entrerrianos se vieron privados de percibir aproximadamente 446 millones de dólares debido a la vigencia del impuesto. La baja en las alícuotas en la presente campaña se da en un contexto donde la soja proyecta la mayor producción en las últimas diez campañas. Para la campaña 2025/26, si los rendimientos son iguales al promedio de los últimos cinco años, se estima que dichos ingresos no percibidos alcanzarán los 371 millones de dólares.
Por otra parte, la medida tomada por el Estado Nacional de extender hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota del 9,5% en trigo y cebada, tendría un impacto levemente positivo para los productores entrerrianos, los cuales incrementarían sus ingresos en términos agregados en torno a 12 millones de dólares. Estos valores se dan a partir de los rendimientos presentados por el trigo durante las últimas cinco campañas y la intención de siembra presentada en la actualidad.
Además, si se considera las últimas quince campañas de los cultivos soja, maíz y trigo, la provincia acumuló un total de 6.994 millones de dólares, lo que supone un promedio de 466 millones de dólares en ingresos no percibidos para los productores a lo largo de los últimos 15 años.
Este valor promedio por campaña sería equivalente a cerca de 3.700 tractores de entre 101 y 200 hp (según el último dato publicado por INDEC), a alrededor de 479.000 vaquillonas con garantía de preñez (de acuerdo con precios promedio publicados por ROSGAN) y, según consultas a colaboradores, la suma también equivale a más de 1.500 galpones de pollos avícolas o más de 400 galpones de gallinas ponedoras de última generación por campaña.
Las cadenas de valor tanto a nivel provincial como nacional utilizan esta producción como insumo para la industrialización de productos derivados o para la alimentación animal; por ende, no toda la producción se exporta, sino que también entra en procesos de generación de valor. Esto significa que el ingreso fiscal efectivamente recibido por el Estado nacional mediante retenciones sea menor en dólares que los valores no percibidos por los productores, pero no menos importante, ya que es un recurso no coparticipable.
Que el ingreso fiscal producto de los derechos de exportación sea no coparticipable, significa que la transferencia de ingresos desde el circuito productivo al Estado Nacional no llegue a las provincias ni a los municipios. Este sistema implica que los recursos generados por el agro financian al Estado Nacional sin que haya una devolución proporcional en términos de inversión pública o mejora de condiciones productivas, ya sea en infraestructura rural, como caminos, la asistencia técnica y los servicios básicos que si dependen de los presupuestos provinciales y locales.
Por la presencia de los DEX, los productores reciben precios menores a los internacionales para su producción, sea cual sea su destino. La distorsión de precios generada por este tributo, que a lo largo de las últimas 15 campañas ha privado al agro provincial de casi 7.000 millones de dólares, lo cual afecta la capacidad de inversión, de modernización, de desarrollo territorial y a la competitividad del productor entrerriano. Estos casi 500 millones de dólares por campaña representan recursos claves que podrían destinarse a mejorar la eficiencia y sustentabilidad del sistema productivo, impulsar el agregado de valor local, dinamizar las cadenas agroindustriales y fortalecer la demanda de empleo en el interior provincial, lo que permitiría fomentar el arraigo de los jóvenes en sus comunidades, evitando procesos de migración forzada hacia grandes centros urbanos.
Además, un sector agropecuario más dinámico y con mayor capacidad de inversión tendría impactos positivos indirectos sobre las finanzas públicas provinciales y municipales. Con un entramado productivo más fuerte, los gobiernos locales contarían con un mayor margen de maniobra en materia fiscal, económica y financiera para planificar políticas públicas de mediano y largo plazo. Particularmente, se facilitaría la inversión en infraestructura clave (como caminos rurales) que resultan esenciales para que los productos entrerrianos puedan salir de la tranquera, llegar a las industrias sin demoras ni sobrecostos logísticos, y finalmente alcanzar a los consumidores de manera eficiente.
