Reparos por organismo que regule el comercio de granos
âMe parece sumamente preocupante que una entidad que tiene como objetivo manejar los negocios de un sector esté en manos de este Gobierno nacionalâ aseguró el titular de Farer Jorge Chemes, al referirse a la posible reedición de una suerte de Junta Nacional de Granos que regule la comercialización del mercado agrario.
“Es un proyecto en el que viene trabajando nuestro equipo económico hace mucho tiempo”, expresó el gobernador Sergio Urribarri al anunciar que próximamente le presentará a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una propuesta para crear el Instituto Nacional de Comercio Agropecuario.
“Se busca organizar una herramienta que nos permita conocer los márgenes de comercialización de la producción agropecuaria y consecuentemente intervenir eficazmente en los precios internos de los alimentos”, dijo, al tiempo que subrayó que “esa información va a facilitar conocer también las debilidades de competitividad de las economías regionales”.
“Si le sumamos un adecuado y consensuado manejo de subsidios y compensaciones, permitirá administrar tipo de cambio por la vía fiscal, aliviando la presión del mercado cambiario y ampliando la demanda externa por mejoras competitivas”, aseveró el mandatario.
Al respecto, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Jorge Chemes afirmó que “el tema no se trató” en la reunión que días atrás los representantes de la Mesa de Enlace mantuvieron con el Gobernador.
Dijo que desconoce el contenido del proyecto y que sería “interesante” ver de qué se trata, pero puso reparos al modo en el que se instrumentaría la puesta en marcha de este instituto.
“Cualquier entidad en manos de este Gobierno nacional a mi me preocupa”, sentenció, al tiempo que precisó: “Me parece sumamente preocupante que una entidad que tiene como objetivo manejar los negocios de un sector esté en manos de este Gobierno”.
“Si esto surgiera en un Gobierno que tuviese otra visión sobre el sector, sería interesante, pero con los antecedentes que tenemos acerca de lo que piensa el Ejecutivo sobre el campo, a mi me preocupa seriamente”, aseveró Chemes en declaraciones a esta Agencia.
Además de la propuesta de Urribarri, la senadora nacional oficialista Silvina García Larraburu ya había presentado un proyecto para crear una Junta Nacional de Granos con el fin de “regular y controlar la producción de cereales, oleaginosas y sus subproductos”.
El organismo regulador fue creado en 1933 bajo la presidencia del Gobierno conservador de Agustín P. Justo, con el nombre de Junta Reguladora de Granos. Luego fue transformado en 1946, bajo la presidencia de Juan Perón en el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y reorganizado en 1963, bajo la presidencia de José María Guido, como Junta Nacional de Granos.
Fue disuelto en 1991 por el decreto Nº 2284/91, de desregulación de mercados, elaborado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo bajo la presidencia de Carlos Menem.
La Junta había cobrado gran relevancia durante el primer mandato de Juan Domingo Perón, cuando cambió su nombre por el de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y fue uno de los períodos en que cumplió su mentado rol de sostenedor de los precios para el productor ante la baja del valor internacional. Siempre fue un organismo que brindó divisas al Estado para invertirlos en otras áreas.
Durante otras etapas, los altos valores del mercado internacional hicieron innecesario esa mediación y la Junta fue solo un administrador -garante- de los negocios privados y las divisas resultantes de la exportación.
La medida, que sonara con fuerza durante la disputa por la Resolución 125 a mediados de 2009, podría ser la llave de entrada del Estado sobre la comercialización que hoy está concentrada en un puñado de empresas que pueden beneficiarse con la especulación del valor de los commodities así como de la moneda.
Varios sectores de pequeños y medianos productores, muchos de ellos vinculados a la Federación Agraria, mostraron su conformidad –desde hace años- para la creación de un organismo de tales características que fije precios mínimos, garantice el pago a los productores que quedan a merced de los grandes exportadores concentrados y, además, disponga de la producción para que sea "liquidada" en tiempo y forma que la entidad disponga.
Otros sectores se oponen a la medida esgrimiendo que es un "retorno al pasado" y que expresan "un estatismo" que no ha beneficiado al sector y con ideas fallidas. También aseguran que la Junta no tendría razón de ser porque los valores que se pagan en el mercado son lo suficientemente altos. (APFDigital)
