“Desde el primer momento hay una falla del Estado”
Gabriel Guiano, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Entre Ríos (COPAER), dijo no se tomó en serio el planteo y por tal motivo hoy estamos inmersos en tecnicismos legales que no resuelven el problema.
La decisión del camarista Andrés Marfil que anuló parcialmente el pasado días atrás el decreto N° 4.407 del gobernador sobre las fumigaciones, en el que estipulaba distancias más laxas en relación al estándar normativo resuelto por el juez Oscar Daniel Benedetto ha causado un masivo rechazo por parte de las instituciones relacionadas con agro entrerriano.
Gabriel Guiano, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Entre Ríos (COPAER), dijo no se tomó en serio el planteo y por tal motivo hoy estamos inmersos en tecnicismos legales que no resuelven el problema.
En comunicación con Campo en Acción Radio Gabriel Guiano, explicó los alcances de la reciente anulación del Decreto 4407 por parte de la justicia provincial:
-- Vamos a la práctica que es lo que afecta a los productores y a los ingenieros que emitimos las recetas agronómicas para hacer aplicaciones:
La resolución de la Cámara –ante la presentación del emparo- tuvo un efecto “devolutivo” por lo que quedan fijadas las distancias que estaban resueltas en el primer amparo presentado por el Foro Ambientalista. Es decir, hay que respetar las distancias de 1000 (terrestres) y 3000 metros (aéreas) tomando como referencia las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos.
Hay que aclarar que este fallo lo que dispone en sí. Lo que el juez dice no es que la distancia tiene que ser 1000 y 3000 metros, porque el segundo amparo presentado por los ambientalistas no estuvo relacionado a la distancia. Por tal motivo lo que la Cámara dice es que el decreto del gobernador no es lo correcto para fijar la distancia.
Los jueces están diciendo que no tienen los criterios para fijar distancias. Esto lo explico porque falta información, la realidad es que estamos exactamente en la misma situación que en 2018.
El Estado, en las distintas etapas de presentación ante la justicia, no ha brindado toda la información que corresponda, no fue claro ni explícito en cuanto a criterios técnicos y científicos y por lo tanto los jueces mantienen un determinado criterio de restricción.
Cuando hablo de Estado en este caso me refiero a la Secretaria de la Producción, porque es el organismo que dispone de la Ley de Plaguicida y su normativa. Después obviamente hay otros entes como la Secretaria de Ambiente y otros estamentos que pueden intervenir.
Por todo esto, hay que tener en claro que desde el primer momento hay una falla del Estado. El accionar fue mediocre, no se tomó en serio lo que pasaba y hoy estamos inmersos en estas cuestiones de tecnicismos legales que no van a resolver el problema.
Fuente: Campo en Acción
