Analizan un proyecto de protección de humedales
La iniciativa establece que âel Delta y sus islas o fracciones de islas fiscales comprendidas en jurisdicción de la provincia constituyen patrimonio ambiental sujeto a la protección del Estadoâ.
Este miércoles, la Comisión de Tierras y Obras Públicas de Entre Ríos que preside la diputada de Cambiemos Gabriela Lena debate un proyecto de ley que propone “regímenes de permiso de uso de islas fiscales y protección de humedales declaración de emergencia ambiental”.
El proyecto, que le pertenece a Jorge Monge, apunta a regular el uso de las áreas pertenecientes al dominio público provincial, ya que “podrán ser objeto de permisos de uso oneroso” y se instrumentarán “en acuerdos celebrados entre el particular o particulares seleccionados y la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Provincia de Entre Ríos”, según indica el texto.
De esta manera, los permisos se otorgarían a “micro, pequeños y medianos productores o emprendedores” por tres años, y serían renovables por ese mismo tiempo, con un reglamento previamente aprobado por la Dirección de Administración de Tierras Fiscales en materia de procedimientos para los trámites de selección.
El objetivo, en efecto, será el “desarrollo de actividades sustentables con los ecosistemas de humedales tales como ganadería, apicultura, agroecología y turismo ecológico”, mientras que se declara “estrictamente prohibida la aplicación de agroquímicos y plaguicidas en las islas o fracciones de islas comprendidas por este Régimen y en el Delta”.
En cuanto a la protección de humedales, el proyecto en debate establece que “el Delta y sus islas o fracciones de islas fiscales comprendidas en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos constituyen patrimonio ambiental sujeto a la protección del Estado”.
“Las infracciones a la prohibición de uso de plaguicidas o agroquímicos o cualquier otra conducta reñida con la protección de los ecosistemas del Delta, será causal de resarcimiento económico a favor de la Provincia por la situación de riesgo creada y los daños ambientales y perjuicios ocasionados por las malas prácticas”, señala.
Paralelamente, indica que el presupuesto provincial “incluirá erogaciones y previsiones destinados a solventar los gastos que demande el control en territorio del cumplimiento de la presente ley por la Dirección de Administración de Tierras Fiscales”.
