Se presentó la demanda para frenar el endeudamiento
Integrantes de la multisectorial presentaron el pedido de inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para frenar el endeudamiento y la construcción de los polémicos acueductos.
Integrantes de la multisectorial en defensa del patrimonio de los entrerrianos se movilizaron este miércoles a Tribunales donde presentaron el pedido de inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para frenar la vigencia de la Ley que autorizó al Ejecutivo a tomar un crédito de 430.387.551 de dólares con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China para realizar dos acueductos de forma arbitraria y sin licitación pública con China State Construction Engineering Corporation (Cscec), registró a AIM.
Activistas de organizaciones no gubernamentales, dirigentes sindicales, productores, docentes, estudiantes y referentes de partidos políticos marcharon hasta el Palacio de Justicia entrerriano donde se ingresó formalmente el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 10.352, norma que “abre las puertas a un proceso de corrupción muy grande”, denunció a esta Agencia el director del proyecto de extensión ‘Por una nueva economía, humana y sustentable’ de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), Luis Lafferriere. En ese sentido, el docente apuntó que el proyecto “hasta hace algunos meses estaba presupuestado en un costo de alrededor 90 millones de dólares y ahora contará cinco veces más”.
La demanda de inconstitucionalidad se basa en que “no intervinieron los organismos competentes con dictámenes como el ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas; se violó el principio de publicidad; se quebrantó el acceso a la información pública; los legisladores aprobaron la norma sin conocer el texto completo; hay una cláusula de confidencialidad que firmó el gobernador (Sergio Urribarri); el proyecto no existe y el presupuesto de la obra tampoco está elaborado, es decir, sobre la base de la nada se endeudó a la provincia lo que generará una terrible lesividad al Estado y al pueblo entrerriano”, detalló la diputada socialista María Emma Bargagna.
Por su parte, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Jorge Monge señaló que también “se debería analizar si la operación crediticia está permitida conforme al valladar, es decir, la traba que significa el inciso 25 del artículo 122 de la Constitución, que establece que en ningún caso la totalidad de los empréstitos puede superar la cuarta parte de las rentas”.
Un negocio inmobiliario sobre los intereses de los pequeños productores
El tercer distrito de FAA adhirió a la demanda para derogar la Ley “por la forma de la norma y en solidaridad con los productores de La Paz-Estaca, porque no se sabe a ciencia cierta qué implicará y cuánto costaría el canon”, dijo el director de la organización, Elvio Guía, quien comentó que “hay mucha preocupación en 166 productores de menos de 100 hectáreas quienes no saben cómo seguirán produciendo en esas tierras si se ejecuta el acueducto, ya que despierta la sospecha de que esto pasaría a ser un fenomenal negocio inmobiliario”.
Además, “preocupa el proceso por el que se pretende adquirir el capital para la obra, el modo en que se adjudicará a una multinacional de forma totalmente irregular y la falta de estudios de impacto ambiental”, dijo el dirigente provincial quien aclaró que no se oponen al progreso y a los acueductos sino a esta norma ya que “tiene muchos puntos oscuros”.
En tanto, Pablo Benetti, productor de la zona, indicó que “hay un montón de cuestiones de este proyecto que se desconocen, por lo que se exige que se derogue la Ley y que se hagan públicas las propuestas que existen, si es que existen, y que se consulte a los productores de la zona sobre las necesidades del sector”.
En ese marco, precisó que “antes que acueductos el gobierno debería ocuparse de generar infraestructura adecuada y gestionar las condiciones de posibilidad para que la producción en la zona sea rentable, ya que hay inconvenientes con los caminos, erosión de suelos y falta de rentabilidad”, por lo que “un acueducto hoy sería en vano en la zona porque ese paso sería el último del proceso productivo, es decir, para ser más gráfico: sería poner un aire acondicionado en una casa cuando a ésta le falta el techo, los pisos, ventanas y puertas”.
Una deuda que comprometerá a las generaciones futuras
El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Claudio Puntel, comentó que participaron desde el sindicato en la presentación ya que hay un mandato de la asamblea “de enfrentar este crédito que se solicitó, ya que todos los aspectos de esta norma van en contra de los entrerrianos, porque afecta la soberanía, atentará contra el medio ambiente y apuesta a un proyecto concentrador de las economías y la riqueza”.
Además, precisó que los trabajadores ven en la iniciativa perjudicados sus intereses y el de las generaciones futuras “ya que compromete la coparticipación por 15 años, lo traerá más crisis en las escuelas, podría afectar a la administración y todo esto perjudicará, consecuentemente, a todos los habitantes de la provincia”.
Fuente: AIM Digital
