El G-6 postergó su denuncia contra Ley de Abastecimiento
Los empresarios del Grupo de los 6 (G-6) decidieron postergar la presentación judicial en la que piden declarar inconstitucional la nueva Ley de Abastecimiento sancionada en septiembre por el Congreso.
Lo iban a hacer ayer, pero lo suspendieron a pedido de la Unión Industrial Argentina (UIA), que este miércoles recibe a la presidenta Cristina Kirchner en la 20° Conferencia Anual de la entidad organizada en el hotel Sheraton de Pilar. La mandataria será quien cierre el encuentro y no quieren sumar más malestar a la ríspida relación que tienen con ella.
De esta manera, también se evitan conflictos internos en la entidad fabril. Algunos industriales de los sectores más afines al Gobierno como los metaúgicos de ADIMRA, los textiles de PRO-TEJER o los santafesinos que lidera Guillermo Moretti, no están a favor de que la UIA integre el G-6 y, menos aún, que forme parte de esta acción en la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la norma que busca regular las relaciones entre la producción y el consumo. La presentación será realizada por el estudio de abogados de Juan Carlos Cassagne y consta de 150 carillas. Junto con la acción declarativa de inconstitucionalidad, el grupo añadirá una cautelar para evitar que la Ley de Abastecimiento se aplique durante y hasta que se resuelva sobre el tema de fondo.Según trascendió, en el escrito, los empresarios afirman que las "abusivas" facultades que la ley entrega al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Comercio, así como el hecho de que la ley no contiene parámetros concretos, hacen que la norma misma "genere una amenaza creíble" para todas las empresas. Además, indica que "basta con que un funcionario considere que un aumento de precios es injustificado para que caigan sobre la empresa multas, clausuras, allanamientos, secuestro y venta de su mercadería y un largo rosario de sanciones", que "colocan a toda la actividad económica del país bajo el riesgo concreto de una intervención del Estado" y "viola la Constitución Nacional".Esta presentación podría ser acompañada, luego, de otras similares por parte de entidades que conforman el Foro de Convergencia, aunque fuentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestaron que el G-6 es lo suficientemente representativo. El documento que Cassagne presentará en la Justicia fue firmado por Méndez y el abogado de la UIA y gran impulsor de esta movida, Daniel Funes de Rioja; y los presidentes de las Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), Jorge Brito; y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere. Por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), firmó el vicepresidente Eduardo Eurnekian -el titular, Carlos de la Vega estaba de viaje hasta ayer- y el secretario Alberto Dragotto. Desde su sanción en el Congreso, el 18 de septiembre, el Gobierno aún no aplicó la norma en concreto e intentó convencer a las entidades empresariales de no presentarse en la Justicia. El hecho de que la Casa Rosada todavía no haya usado la nueva norma para sancionar a ninguna empresa, es uno de los puntos que retrasaron la presentación judicial. Entre los abogados de las entidades existían dudas si era posible realizar una acción en abstracto. Varios consideraban que había que esperar un caso concreto para accionar, pero finalmente Cassagne, luego de estudiar el caso, encontró la forma de hacer viable el deseo de las cámaras de presentarse en la Justicia. Según él, la mera sanción de la ley implica un daño inminente.
