Ingresó a Diputados el proyecto para derogar la tributaria
Es âpor su falla congénita, el vaciamiento y apartamiento de fines, y por los efectos antipopulares que acarreará. Insta a âdesandar el camino hecho de modo irregular y atropellando la Legislaturaâ.
Finalmente ingresó a Diputados el proyecto que propone derogar “la Ley 10.270 de reforma tributaria en todas sus partes”, y añade que “las diferencias en el importe de los impuestos que se pagaren por aplicación de la Ley 10.270 serán consideradas créditos a favor del contribuyente y se descontarán en la próxima liquidación del impuesto”. La iniciativa fue impulsada por María Emma Barbagna (FAP-Paraná), quien argumentó que la norma sancionada en forma exprés por la Legislatura el 17 de diciembre pasado “por su falla congénita, el vaciamiento y apartamiento de fines -tanto de aquellos enunciados en la exposición de motivos como de los que puso de manifiesto el Gobierno- y por los efectos antipopulares que acarreará, es irregular, inmotivada y contraria a los intereses del Pueblo de la Provincia”.
La letrada recordó que el texto “estuvo precedido por el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad, desarrollado en un contexto de violencia, que concluyó el 09/12/2014 con la firma de un Acta-Acuerdo, en la ciudad de Concordia, entre el Gobernador de la Provincia y referentes de la Policía. De inmediato, los dirigentes de UPCN y de ATE también reclamaron mejoras salariales acompañando con su presencia el debate de la Ley. Al cabo de unos días, el Ministro de Gobierno y el Procurador del STJ reconocen públicamente que el acuerdo suscripto en Concordia por el Gobernador, dadas las circunstancias en las que fue celebrado, no era válido”.
“Es así que el Decreto nº1/2014 Gob en lugar de aprobar el Acuerdo suscripto por el Gobernador (Sergio) Urribarri y miembros de las fuerzas policiales del 09/12/2013 toma otro camino, disponiendo elevar el valor del Plus por Mayor Seguridad, el Plus Riesgo y Peligrosidad y porcentaje del adicional por responsabilidad funcional y el pago único de un complemento extraordinario no remunerativo no bonificable. En cuanto a la negociación salarial con los gremios estatales, convocada para el 6 de enero del corriente año, el Gobierno ha decidido su postergación”, reseñó la diputada, para dar cuenta de los cambios en el contexto a raíz de la fundamentación de la iniciativa del Ejecutivo, que buscaba generar recursos para abonar dichos incrementos salariales. En esa línea, recordó declaraciones de distintos funcionarios de Urribarri, del propio gobernador, del procurador Jorge García y del jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, según el proyecto al que accedió Recintonet.
“En consecuencia, por el bien de la Provincia, corresponde desandar el camino hecho de modo irregular y atropellando la Legislatura, a quien la Constitución otorgó de modo exclusivo la atribución de dictar la legislación impositiva “observando lo dispuesto por el artículo 79” (Art. 122º inc. 7) de la C.P.) es decir, eliminando paulatinamente los impuestos que recaigan sobre los artículos de primera necesidad, como es el caso del impuesto a los ingresos brutos, directiva que en la Ley 10.270 se contradice abiertamente”, enfatizó la diputada. Y remarcó que “si aún desaparecida la urgencia, existiere empeño por parte del Gobierno en reformar el Código Fiscal y la Ley Impositiva, no cabe otro camino que hacerlo interesando a la Legislatura, su ámbito natural y constitucional de debate y decisión, para que, previas consultas, análisis y estudios en las respectivas Comisiones de ambas Cámaras, formalice una normativa que satisfaga los intereses generales y cumpla con lo ordenado por la Constitución Provincial”.
Asimismo, cuestiona que “los fundamentos de la Ley 10.270 expresan que la reforma se basó en el documento que la CTA le acercara al Gobierno”, ya que “esta afirmación no es sincera”, evaluó la letrada. Y añadió: “Sin bien existe algún correlato entre la propuesta de reforma impositiva de la CTA y la reforma fiscal introducida por la Ley 10.270, lo cierto es que ésta última no se compadece con lo planteado por la CTA en el documento respectivo”.
“Esta nueva Ley “expres” sancionada de manera irregular y sumamente desprolija, incrementa todas las alícuotas y extiende a un universo mayor de contribuyentes la obligación de pago de Impuesto a los Ingresos Brutos, abarcando actividades que antes estaban exentas e inclusive otras que desaparecieron o están prohibidas. En verdad la CTA presentó al Gobierno un trabajo por el que pretende revisar el esquema impositivo de la Provincia para adecuarlo al contexto regional (Región Centro mas C.A.B.A y Provincia de Buenos Aires) y transformarlo en `progresivo´”, explicó, tras lo cual dio detalles del proyecto impulsado por la Central.
Y sentenció: “No es cierto que por esta Ley pagarán más lo que más tienen y menos los que menos tienen. La principal fuente de recaudación de la Ley 10.270 es el impuesto a los ingresos brutos”, que se trata de un tributo “indirecto al consumo cuyo hecho generador es el ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, industria o profesión, oficio, negocio, locaciones de obras, bienes o servicios, etc.”.
“La Ley 10.270 es fruto de la más peligrosa improvisación. Ha sido tan irreflexivamente escrita y analizada por quien la propuso (el Gobierno) y tan poco examinada por el oficialismo (que le dió sanción) que se incluyó dentro de las actividades generadoras de tributo a los cabarets, dancings y “establecimientos análogos” y a las AFJP (artículo 8º: “servicios de esparcimiento” y “servicios financieros y otros servicios”)”, advirtió la diputada. Y completó: “La falta de consenso real y oportuno con los sectores del trabajo, el comercio y la producción genera una fuerte resistencia al aumento de la carga impositiva”.
Por último, instó al gobierno a reclamar a la Nación “la Coparticipación que le corresponde recibir a Entre Ríos por los estimados 40 mil millones anuales que salen de la provincia en pago del IVA y otros impuestos nacionales”, en lugar de “ajustar el cinturón a los entrerrianos”.
Fuente: RecintoNet
