El predio de Palermo sigue en poder de la Rural
El 19 de diciembre último, la primera mandataria dictó el decreto 2552/12, con el cual dejó sin efecto la compraventa del terreno, hecha por la Sociedad Rural en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem.
La Corte Suprema confirmó una medida cautelar que beneficia a la Sociedad Rural Argentina: como consecuencia de un grave error de los abogados del Estado, el alto tribunal resolvió que, mientras se prolongue el juicio, la tradicional entidad no deberá cumplir con un decreto de la Presidenta que le ordenaba restituir el predio ferial de Palermo.
El 19 de diciembre último, la primera mandataria dictó el decreto 2552/12, con el cual dejó sin efecto la compraventa del terreno, hecha por la Sociedad Rural en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem.
Desde un primer momento, tanto la Presidenta como sus ministros y las organizaciones sociales afines al kirchnerismo citaron ese decreto como un supuesto hito en la lucha contra las corporaciones y, también, le reclamaron a la Justicia una rápida resolución del caso.
Inmediatamente, la Sociedad Rural presentó una acción de amparo y, el 4 de enero último, la Cámara Federal Civil y Comercial -con los votos de Graciela Medina, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras- suspendió aquel decreto.
Entonces, e1 Gobierno decidió llevar el debate del tema ante la Corte, pero sus abogados cometieron un error que es inexplicable frente a la presión que el propio Gobierno le imponía a este debate y que incluso se tradujo en distintos escritos judiciales, según dijo el tribunal: en efecto, la Procuración del Tesoro, que litiga en nombre del Gobierno, presentó el recurso mucho después de vencido el plazo para hacerlo.
La Corte, con los votos de cinco de sus ministros -Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Elena Highton y Carmen Argibay-, hizo hincapié en ese grave error procesal del Gobierno y confirmó la medida cautelar que había dictado la Cámara Federal en favor de la Sociedad Rural Argentina.
El máximo tribunal expresó su "preocupación por la forma en la que se asumió en la causa la defensa de los intereses públicos, pues al dejarse vencer la totalidad de los plazos procesales, el Estado nacional, por el obrar de sus abogados, se vio privado de obtener una revisión de la medida cautelar".
En favor del Estado sólo votaron dos ministros de la Corte: el presidente, Ricardo Lorenzetti, y quien habitualmente lo hace en ese sentido, Eugenio Zaffaroni, el juez más cercano al Gobierno.
"Cuarenta días más tarde"
La Cámara Federal, que durante el último año estuvo bajo fuertes presiones del Gobierno, había dictado la cautelar en favor de la Sociedad Rural en pleno verano, el 4 de enero.
Cinco días después, el 9, por una expresa orden de Cristina Kirchner, el Gobierno solicitó que se habilitara la feria judicial, pero el 23 la Cámara aclaró que eso ya había sido resuelto semanas antes.
Es decir, para el 23 de enero, día en que la Cámara dictó esa aclaración, el Gobierno ya había dejado vencer el plazo para presentar el recurso extraordinario. Pero la Corte señaló que, incluso si el Gobierno hubiera tenido otro plazo -contado desde esa resolución del 23-, tampoco hubiera presentado a tiempo el recurso extraordinario.
Según lo describe la Corte con sorpresa, el escrito se presentó el 19 de febrero, "cuarenta días después" del fallo de la Cámara. Lorenzetti, en su disidencia, interpretó que la Cámara, cuando habilitó la feria judicial, no lo dijo en forma suficientemente clara, circunstancia que, infiere, pudo generar la confusión de los abogados del Estado. Y Zaffaroni opinó que se produjo una violación del debido proceso que perjudicó al Estado.
La Sociedad Rural, fundada en 1866, ocupa el predio de Palermo desde 1878. Por entonces, era propiedad del Estado nacional, que cedió su uso a la entidad.
En 1991, como parte de la política de privatizaciones, Menem le vendió el terreno por 30 millones de dólares, de los cuales la entidad pagó casi la totalidad -hay un saldo de precio, de tres cuotas- e invirtió más de 100 millones de dólares en reformas. Aquella operación fue una compraventa, como la de cualquier inmueble, y se perfeccionó con escritura pública.
Sin embargo, en 2001, como consecuencia de la crisis económica, la entidad rural no pudo terminar de pagar el saldo del precio y comenzó a negociar con el Gobierno un reajuste de la deuda.
En 2005, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) reconoció que el valor de 30 millones no fue un precio vil. Allí, todo parecía encaminado.
Pero, en 2008, cuando estalló el conflicto entre el Gobierno y el campo por la resolución 125, el Poder Ejecutivo volvió a perseguir a la Sociedad Rural. Ése fue el antecedente político del decreto 2552/12.
Ahora, la Presidenta no podrá obtener la restitución del predio y, si pretende su devolución, deberá esperar que finalice el juicio y, además, que la sentencia sea favorable al Estado.
Los dos votos a favor del Estado
Sólo dos jueces de la Corte apoyaron al Gobierno
Ricardo Lorenzetti // Presidente
Mientras la mayoría de la Corte interpretó que los abogados del Estado dejaron vencer los plazos para seguir la acción, Lorenzetti dijo que la Cámara no había sido lo suficientemente clara en su fallo anterior
Raúl Zaffaroni // Juez de la Corte
El ministro del tribunal que habitualmente emite votos favorables al Gobierno opinó que se produjo una violación de la garantía constitucional del debido proceso que perjudicó notoriamente al Estado.
