Imputaron a empresarios por el negociado de las cosechadoras
La jueza citará a los titulares de Grandes Máquinas de Concepción de Uruguay a prestar declaración indagatoria por el delito de defraudación a la administración pública.
La jueza citará a los titulares de Grandes Máquinas a prestar declaración indagatoria por el delito de defraudación a la administración pública, según indicó el sitio Página Judicial.
El rol de los funcionarios también está bajo la lupa. Mientras tanto, y aunque está bajo la vigilancia de un síndico, la empresa sigue emitiendo cheques sin fondo.
Pasaron ocho meses desde que se radicó en los tribunales la denuncia por la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del Gobierno provincial y de empresarios dedicados a negocios agrícolas que prometieron montar una fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay.
La semana pasada, la jueza de Instrucción Número 1 de Paraná, Patricia Yedro, imputó a los titulares de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, la sociedad anónima que recibió subsidios del Gobierno provincial para la construcción de cosechadoras en la localidad del sur entrerriano. La medida es el paso previo a la citación a prestar declaración indagatoria y alcanza a cuatro empresarios cordobeses que están acusados por el delito de defraudación a la administración pública.
El 6 de mayo, la fiscal Sandra Terreno había solicitado el requerimiento de instrucción formal de la causa y el llamado a indagatoria de Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bol.
La empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA recibió créditos por 5,5 millones de pesos del Finver, un organismo provincial que otorga subsidios para financiar proyectos productivos. En este caso fueron tres desembolsos para la construcción de máquinas cosechadoras para exportación: 574.000 pesos en 2009, 4 millones en 2011 y 1 millón en 2012.
Sin embargo, tal como había adelantado Página Judicial, en esta instancia del proceso la fiscal decidió no avanzar en la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de la Producción que debían efectuar los controles de ejecución del proyecto y de la correcta utilización de los subsidios. Así, por el momento, no comparecerá ni el ministro Roberto Schunk ni los directores del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver).
Un funcionario judicial que ha seguido esta investigación desde el comienzo apuntó en off the record que “estos empresarios llegaron seguramente con una carta de recomendación y eso les abrió las puertas en la provincia; deben haber tenido algún otro negocio en puerta, que luego se frustró, y es probable que cuando los funcionarios fueran al galpón a constatar el estado de obras hayan montado una escena para aparentar que había una empresa solvente”.
En la estructura organizativa de la empresa, Senor hijo es presidente y CEO (director ejecutivo) y fue quien presentó el proyecto a las autoridades provinciales y municipales de Concepción del Uruguay; mientras que Scravaglieri es vicepresidente y CFO de Grandes Máquinas, es decir, el director financiero. Ambos fueron los encargados de tramitar los créditos ante el Finver.
Senor padre, por su parte, aparece en los papeles como director de la empresa. Suele presentárselo como “el padre del producto” porque fue quien diseñó la estética de la máquina cosechadora y era además el responsable de las actividades diarias en el galpón del puerto de Concepción del Uruguay.
En el artículo publicado en el sitio Página Judicial, con la rúbrica de Juan Cruz Varela, se señala también que Bol es un fantasma. Es un empresario cordobés que integra la sociedad anónima, pero su nombre no había surgido públicamente hasta que la fiscal Terreno lo imputara.
En los términos del Código Penal, la fiscal Terreno acusó a los empresarios por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. Y si bien la jueza Yedro hizo lugar a la imputación, está a la espera de una serie de informes y documentos que completen las pruebas, antes fijar fecha para la indagatoria.
Cheques voladores
La empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA recibió créditos por 5,5 millones de pesos del Finver, un organismo provincial que otorga subsidios para financiar proyectos productivos. En este caso fueron tres desembolsos para la construcción de máquinas cosechadoras para exportación: 574.000 pesos en 2009, 4 millones en 2011 y 1 millón en 2012. La firma del gobernador Sergio Urribarri aparece al pie de los tres decretos donde constan los montos y condiciones para los créditos.
Pero las máquinas agrícolas no se construyeron y el 11 de octubre del año pasado la empresa pidió la apertura de un concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Número 3 de Quiebras, Concursos y Procesos de Ejecución de Concepción del Uruguay y el juez Leonardo Portella designó al contador Horacio Alfredo Larrivey como síndico.
Del expediente surge que la firma tiene deudas por más de 10 millones de pesos, según consignó el mensuario El Miércoles. El Estado provincial, a través del Finver, le reclama 6.052.707 pesos, que constituyen los montos otorgados por subsidios más los intereses; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos; mientras que el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa. Proveedores y empleados también reclaman.
Pero hay un dato que es más inquietante: desde el 15 de diciembre de 2011, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay emitió 182 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto total de 4.218.632,05 pesos. De esos, se abonaron solo 72 cheques, por 1.491.056,86 pesos, es decir, el 35%. Los últimos pagos datan del 5 de julio, cuando se levantaron compromisos por 315.442,98 pesos.
Incluso después de haber pedido la apertura del concurso preventivo, la empresa siguió emitiendo cheques sin fondos: desde el 11 de octubre fueron ocho, por un total de 242.015,58 pesos, según datos a los que accedió Página Judicial. Ninguno se pagó.
Por esa situación la empresa está señalada como “con alto riesgo de insolvencia” por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se considera que es “altamente improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos financieros”.
Fuente: Radio La Voz
