Argentina, enclave sojero ante la Ley de Semillas
La Argentina, que si el clima ayuda tal vez logre una alta cosecha que vuelva a superar los 50 millones de toneladas de la oleaginosa, es un enclave sojero que afronta una posible Ley de Semillas que quitará el beneficio del uso propio al productor.
En tanto, la realidad marca que hay un muy alto nivel de concentración de la actividad productiva mientras el pequeño y mediano productor hace esfuerzos por sobrevivir porque la competitividad y la rentabilidad le son esquivas.
El panorama es de alta concentración, según denuncian las entidades ruralistas, que saben que un productor con 5.000 hectáreas tiene espaldas para resistir los altos costos y la embestida tributaria, pero uno de 200 ve peligrar todo y a toda hora.
Una prueba es lo que sucede con el maíz: en plena época de siembra del cereal, el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, destacó que sólo se estima la cobertura del 3,4 millones de hectáreas, con una caída de 12 por ciento respecto de la campaña anterior 2011/12.
En el enclave sojero hubo una época en que la rotación era un hecho y eso vigilaba el estado del recurso suelo ya que a una campaña de soja le seguía, en esa superficie, una de maíz y había renovación ecológica sumado a la rotación cada cinco o seis años con ganadería.
Eso es cosa del pasado, Argentina con Brasil configuran el primer productor y exportador del mundo de soja.
Pero hay voces de alarma, porque una vez por semana, como nos confirmó el economista de Coninagro, Federico Landgraf, se reúne una mesa que discute el proyecto de una posible Ley de Semillas.
En esta mesa se avanza en el denominado "uso oneroso" es decir que si el productor guarda semillas de su propia cosecha para sembrar tiene que pagar un "canon tecnológico", una figura similar al pago de "regalías".
Como concesiones: el productor podría saber con anterioridad "cuando compra alguna semilla, cuál va a ser el canon tecnológico que tendrá que pagar si hace uso propio".
"Si guarda semilla y usa, el productor debe saber por lo menos con tres campañas de anterioridad consecutivas cuánto le va a costar a él utilizar esa semilla", indicó Landgraf a Noticias Argentinas, quien integra las mesas de discusiones.
Para Federación Agraria Argentina (FAA), en tanto, el curso de los acontecimientos equivale a un escándalo, se retiró de la mesa, ratificó el derecho de los productores a usar su propia semilla como una posibilidad ancestral y pidió a sus agrodiputados que elaboren un nuevo proyecto legislativo que se oponga al que impulsa el oficialismo con la industria semillera.
Para Eduardo Buzzi, quien acaba de ser reelecto como presidente de FAA en su décimotercer mandato, la Argentina es efectivamente un "enclave sojero" y los productores terminarán en manos de las multinacionales.
En la entidad, consideran que el actual proyecto de la Ley de Semillas está hecho a la medida de la empresa Monsanto.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que agrupa a 114 entidades, también puso el grito en el cielo.
Con un comunicado manifestó su "intensa preocupación" porque el productor pierda su beneficio del uso propio.
El asunto es que se creará un nuevo registro que será competencia del Instituto Nacional de Semilla (Inase) que junto a otro organismo, el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) que dirige Emilio Pérsico serían los encargados de decidir qué productores podrán hacer uso propio (gratuito).
Los dirigentes consultados opinan que este proyecto le da más poder al Gobierno.
En diálogo con NA, el secretario de Carbap, Matías de Velazco, se quejó porque el productor deberá pagar todos los años por sembrar y será un grupo privilegiado el que estará exceptuado.
Por ahora, los diputados nacionales Pablo Orsolini, Ulises Forte y Omar Barchetta, de la Federación Agraria, sondearán el ámbito legislativo en búsqueda de consenso para que los productores, a través de un nuevo proyecto, no pierdan el uso propio que tienen desde hace más de 40 años.
Algunos datos indican por qué a las multinacionales les conviene el cambio: actualmente es fiscalizado sólo casi el 37 por ciento del mercado de semillas de soja, unos 300 millones de dólares al año que podrían crecer, en el enclave sojero, a mil millones de dólares.
El Diario