Con el espíritu papal, el ruralismo apuesta al diálogo
Al campo se lo habÃa acusado de destituyente, gorila y oligarca, pero de terrorista, hasta ahora no.
Señor productor: si en su campo tiene un silobolsa fíjese si detrás de un árbol no hay una persona con anteojos negros, impermeable gris y sombrero que está leyendo un diario. No se asuste, puede ser un espía. Sucede que el Gobierno, según un artículo publicado esta semana por el diario El Cronista, está evaluando la ley antiterrorista para su posible aplicación a los productores de soja que no venden la cosecha. Señor productor: no lo maltrate al pobre espía, le mandan a hacer trabajos que no se corresponden con su formación. "Yo, que me especialicé en seguimientos y escuchas telefónicas ahora tengo que aguantarme el calor en el medio del campo... si por lo menos me invitaran a comer un asado...", estará pensando el pobre agente.
Al campo se lo había acusado de destituyente, gorila y oligarca, pero de terrorista, hasta ahora no. Se dirá que es una mera especulación de una fuente sin poder de decisión, pero la publicación provocó el inmediato rechazo de los dirigentes de la Comisión de Enlace que ese día organizaron una asamblea de productores en Tucumán. El más duro fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, quien calificó al eventual intento legal como "fascista". El único funcionario del Gobierno que se refirió al tema fue el responsable de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien dijo que el organismo a su cargo sólo aplica la ley penal tributaria y que la información publicada por El Cronista corría por cuenta del diario. No obstante, el funcionario volvió a fustigar a las exportadoras por la controversia que mantienen con el organismo recaudador a raíz de la aplicación de la ley Martínez Raymonda (que fijó el cobro de retenciones retroactivas por el aumento de las alícuotas en noviembre de 2007). El caso se está dirimiendo en la Justicia, pero los exportadores son objeto de un nuevo señalamiento público por parte de funcionarios públicos.
En momentos en que las variables de la economía -inflación, gasto público y balanza comercial, ente otras- exhiben un progresivo deterioro, el Gobierno elige el camino de la presión. Rara vez ha reconocido que el campo le puede aportar más rápidamente los dólares que necesita. Por ejemplo, si en la última campaña triguera hubiera quedado un volumen exportable de seis millones de toneladas, una cosecha modesta por cierto, habrían ingresado divisas por casi 1500 millones de dólares con un ingreso para el Estado por casi 300 millones de dólares. Los apenas tres o cuatro millones de toneladas exportadas, en virtud de la caída de la cosecha por la intervención del Gobierno en el mercado desde 2006, dejan poco más de 900 millones de dólares en divisas por casi 200 millones de dólares.
Y ni siquiera ahora el Gobierno puede responder que eso sucede porque se incentiva el valor agregado al favorecer la exportación de harina porque detuvieron la entrega de ROE para exportar harina y los molinos bajaron su nivel de producción, con el consiguiente impacto sobre la actividad laboral. Al final, el modelo termina comiéndose a sí mismo.
La creencia de que el comercio administrado, tanto internacional como local, favorecerá a consumidores y productores va camino a exhibir un nuevo fracaso. El supuesto congelamiento de precios acordado entre los supermercados y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sigue sin solucionar la brecha cada vez más amplia entre lo que percibe el productor y el costo final en góndola. "Los productores no somos responsables de los aumentos de precios", dijo el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi. "¿Cómo hacen para justificar desde el progresismo nacional y popular haber acordado con las grandes cadenas y dejar afuera a los pequeños productores?", se preguntó el dirigente, y añadió: "La política agropecuaria es de concentración".
Buzzi, como sus colegas de la Comisión de Enlace, advierte que hay un "deterioro de la competitividad" de la producción, que se caracteriza por la suba de costos, la inflación y la incertidumbre cambiaria. "No queremos un decreto de la felicidad", aclara, en referencia a que no reclama una maxidevaluación del peso, porque afectaría a los asalariados, sino "la discusión de una serie de puntos que afectan a la producción". Entre los más urgentes, están la presión impositiva, las retenciones y el costo de los fletes, según el dirigente.
Mientras la dirigencia rural continúa con su ronda de asambleas (la próxima se realizará el jueves próximo, en Mendoza) evalúa otras alternativas para conseguir abrir una puerta con el Gobierno. Algunos creen que se equivocaron en no responderle formalmente al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, sobre la decisión de no concurrir a su convocatoria hasta tanto no concluyan las asambleas. De todas formas, la invitación había sido individual y no al conjunto de la Comisión de Enlace. Más allá de la formalidad saben que necesitan contar con un mayor respaldo de los productores que el expresado hasta el presente. Especialmente buscan el acuerdo de los productores que no integran las entidades porque observan comprometida a la dirigencia de base. No será extraño que decidan extender la ronda de asambleas más allá del 9 de abril cuando se realice la convocatoria en Santa Fe porque, además, la cosecha está a pleno. Los dirigentes guardan una leve esperanza que, inspirada por el espíritu dialoguista que aboga el papa Francisco, la presidenta Cristina Kirchner habilite un canal de acercamiento. Saben que no será fácil.
Además, el informe de anteayer del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) de sobrestocks e intención de siembra provocó reacción bajista en los precios. Razón más que suficiente como para encontrar rápidamente una vía de diálogo porque los próximos meses serán turbulentos.
Fuente: La Nacion
