Castrillón sugirió plantear el tema en audiencia pública
Lo hizo al recibir a un grupo de chacareros y dirigentes agropecuarios. Los productores, por su parte, le entregaron un petitorio.
Alrededor de un centenar de productores se movilizó este martes hasta el Palacio de Tribunales, en el centro cívico paranaense, para expresar su malestar por los fallos judiciales que ratificaron la prohibición de aplicar productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales, y que mantienen paralizada la producción de unas 300.000 hectáreas en la provincia.
En ese marco, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón, recibió a un grupo de chacareros y dirigentes de las entidades del campo y les reiteró –ya se los había dicho en una audiencia anterior– que lo fundamental es “proteger a la vida y a la producción”.
Castrillón, asimismo, les aseguró a los productores que “no hay jueces contra el campo ni que se opongan a que se produzca”, pero admitió que “es muy difícil” llegar a un punto medio. “Lo mejor sería ponerse de acuerdo en el sistema de producción”, agregó.
Sugerencia.
El titular del STJ señaló que tal vez “sería interesante plantear el tema en una audiencia pública”. Castrillón, de este modo, dejó abierta la puerta a una eventual mediación que, en el marco del Poder Judicial, siente a una misma mesa a las partes en pugna en esta interminable disputa.
Los representantes del campo, por su lado, entregaron un petitorio y le volvieron a explicar a Castrillón –y a la jueza Susana Medina que se sumó a la reunión pero no formuló comentario alguno– las consecuencias negativas que tendrían para la producción y para cientos de familias rurales la ratificación por parte del STJ de los fallos que sostienen la prohibición de las pulverizaciones en proximidades de establecimientos educativos.
Reiteraron que el decreto emitido por el “Ejecutivo provincial cubre las expectativas y establece restricciones, salvaguardando a los propios trabajadores rurales y ámbitos como las escuelas rurales.
Enfatizaron, asimismo, que el tema se “enmarca más en una cuestión de opinión pública y no de rigor científico y técnico”, y pidieron que “se considere a quienes producen y trabajan, para lo cual el propósito es producir bien y que se ejerza control sobre aquellos que realizan malas prácticas”.
“Las consecuencias son impensadas para quienes están afectados por las restricciones”, remarcaron los dirigentes, quienes volvieron a ratificar que las herramientas adecuadas para superar esta discusión son las denominadas buenas prácticas agropecuarias, rechazadas por los ambientalistas. También alertaron que casi un 30% de la producción primaria entrerriana se ve afectada por los fallos judiciales.
Dilema.
De todos modos, la dirigencia rural valoró positivamente el hecho de haber sido recibida por el presidente del STJ. “Es bueno ver que la Justicia no sólo escucha una campana”, ponderó Walter Feldkamp, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), pero dijo que se iba de la reunión “con cierto sabor amargo porque, otra vez, se nos plantea el dilema salud o producción, vida o producción, cuando en realidad acá no están en juego ni la salud ni la vida”.
Feldkamp, en este sentido, dijo que lo que “sí está en juego es la producción y el sustento de cientos de productores afectados” por las resoluciones judiciales.
“Vamos a esperar el fallo (del STJ) y esperemos que prime la cordura, porque a nosotros no sólo nos asiste la ciencia y la técnica sino también el sentido común porque no hay ninguna legislación comparada, de ninguna otra provincia y de ningún otro país, con una restricción como la que se plantea en Entre Ríos”, subrayó el ruralista de Gualeguaychú.
Adolfo Weber, productor de la zona de El Ramblón, en el distrito Quebracho, destacó como positivo que Castrillón haya sugerido la convocatoria a una audiencia en donde se sienten a debatir todas las partes. “Estoy convencido de que el ambientalismo es algo que se puede aplicar, la producción orgánica se puede y se debe hacer, pero no nos pueden prohibir de un día para el otro el actual modelo de producción, y menos con la mentira que manejan de vida o producción, con la que le hacen creer al pueblo que eso es cierto y que nosotros estamos matando a la gente”, expresó Weber.
Prohibición vigente.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en tanto, ratificó que la sentencia del juez Virgilio Galanti está vigente.
Rodríguez Signes, en declaraciones al programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná (88.1), señaló que en un principio él había interpretado que el Decreto 2.239/19, firmado por el gobernador Gustavo Bordet, “estaba vigente” pero “el juez (Galanti) resolvió que no y que debe cumplirse la sentencia mientras se sustancia el recurso de apelación”.
“Hoy está vigente la sentencia”, reiteró el fiscal de Estado, por lo que están prohibidas las pulverizaciones en cercanías de las escuelas rurales tal como lo dispuso Galanti en su fallo.
Rodríguez Signes, finalmente, estimó que en unos 15 días ya estaría resuelta la constitución del tribunal –con cinco vocales del STJ– encargado de resolver sobre este polémico tema.
Mientras, los productores aguardarán ahora el fallo del STJ que será emitido por cinco de los nueve vocales integrantes del cuerpo.
Fuente: Danilo Lima | Dos Florines
